XXXII. La caída del gigante

El FBI decidió el pasado martes que el baloncesto universitario no volvería a ser el mismo. Decidió que la sospecha se convertiría en rutina, que decenas de entrenadores y directivos ya no dormirían tranquilos y que las sanciones tampoco serían suficientes.

El FBI, en definitiva, ha conseguido lo que la NCAA nunca ha podido: demostrar que nunca fueron casos aislados. Las cloacas de la competición descubren un mundo de sobornos, financiaciones ilegales y tráfico de influencias. Todo para concluir que detrás de cada escándalo había un sistema sin indicios de poder levantarse.

La investigación

La mañana del martes, el FBI reveló que durante dos años ha estado llevando a cabo una investigación sobre una trama de corrupción y fraude en el baloncesto universitario. Diez personas conectadas a dos planes distintos (pero relacionados) han sido acusadas y detenidas. Entrenadores, asistentes, directivos de grandes marcas deportivas, consejeros financieros y hasta agencias de representación están implicados.

Estos últimos se aliaron con entrenadores asistentes para conducir a recruits a universidades vinculadas a compañías deportivas concretas. Joon Kim, abogado del Estado encargado de la investigación, explicó que administradores y asesores (entre otros) se coordinaban para entregar dinero en efectivo a familias de los jugadores, y que en ocasiones, ese dinero se entregaba camuflado a través de programas de baloncesto amateur participantes en el circuito AAU.

A día de hoy hay tres acusaciones separadas vinculadas a las dos tramas. El primer plan consistía en conseguir que los técnicos ayudantes atrajeran a los jugadores a universidades específicas. El segundo esquema trataba de conseguir el dinero a las familias de esos jugadores. El objetivo era que dicho jugador mantuviera su relación con la empresa deportiva tras dejar la universidad.

De acuerdo a la investigación, los sobornos se movían entre los 13.000 y los 100.000 dólares.

Todo empezó con un testigo. Según las últimas informaciones, se trata de Martin Blazer, un asesor financiero acusado de fraude por la comisión de la Southeastern Conference, pasando a cooperar con el FBI después de confesar que podía dar luz a lo que llevaba años viendo en el baloncesto universitario.

Quién es quién

Para conocer la envergadura de los hechos bien cabe pasar lista de los principales protagonistas de la trama:

  • Emanuel Richardson, asistente de Arizona: Ha pasado las últimas ocho temporadas bajo las órdenes de Sean Miller y está acusado tanto por pagar 5.000 dólares para reclutar un jugador como por aceptar 20.000 dólares en sobornos.
  • Chuck Person, asistente de Auburn: Ex jugador de los Tigers, Person estuvo 27 temporadas como jugador, entrenador y ejecutivo en la NBA antes de incorporarse al staff técnico de Bruce Pearl en 2014. Ha sido detenido y suspendido de empleo y sueldo en Auburn por manejar hasta 144.500 dólares obtenidos en actividades fraudulentas tales como la entrega de dinero en efectivo a familias de jugadores.
  • Lamont Evans, asistente de Oklahoma State: Ascendido a entrenador jefe asociado tras la marcha de Brad Underwood y la llegada de Mike Boynton, está acusado de aceptar sobornos tanto en su anterior etapa en South Carolina como en los Cowboys. Las alegaciones señalan que recibió hasta 22.000 dólares por “ejercer su influencia en diferentes familiares de jugadores”.
  • Tony Bland, asistente de USC: Nombrado entrenador jefe asociado bajo las órdenes de Andy Enfield en 2014, ha sido suspendido por los Trojans tras ser detenido por conspiración, soborno y fraude. Se le acusa de pagar hasta 9.000 dólares en efectivo a las familias de dos jugadores que actualmente militan en la universidad.
  • Jim Gatto, director de marketing global de Adidas: Se le acusa de pagar a familiares de dos recruits de perfil para que jugasen en universidades patrocinadas por dicha marca. Una de esas universidades en Louisville. Según el FBI, la cantidad proporcionada estaría entre los 100.000 y los 150.000 dólares.

Junto a su nombre aparecen los de Merl Code, su mano derecha en Adidas, Brad Augustine, directivo del programa AAU de Adidas, el asesor financiero Munish Sood y el agente Christian Dawkins.

  • Christian Dawkins, ex agente NBA recientemente despedido por la agencia ASM Sports: Organizaba los acuerdos entre los entrenadores asistentes y Jim Gatto. Pertenecía a la agencia del prestigioso agente NBA, Andy Miller.
  • Rick Pitino, ex entrenador de Louisville: El entrenador aparecía en los documentos del FBI como “Coach 2”. Su nombre está relacionado con los cargos presentados contra Jim Gatto, Merl Code, Brad Augustine, Munish Sood y Christian Dawkins por el supuesto pago de 100.000 dólares a un recruit. Se trataría de Brian Bowen, uno de los mejores jugadores de la Class 2017. Tras protagonizar varios escándalos en los últimos años, el jueves pasado la universidad de Louisville anunció el despido de una de las vacas sagradas del baloncesto universitario.
  • A falta de detalles, se conoce que los programas tanto de la universidad de Miami como de Alabama están siendo investigados. Kobie Baker, directivo de los Crimson Tide, ha presentado recientemente su dimisión. Los nombres de los recruits Nassir Little y Collin Sexton están sobre la mesa.

 

Un sistema en ruinas

Con Rick Pitino se cae uno de los cimientos más agrietados de la NCAA. La primera pieza de un dominó que no ha hecho más que empezar. Uno del que subyacen varias preguntas, una de ellas evidente: ¿por qué el FBI ha tenido que tomar cartas en el asunto? Joon Kim desveló que la NCAA no era consciente de la investigación hasta la misma mañana que se presentaron los hechos.

Piensa mal y acertarás, dicen desde el otro lado del charco.

Durante décadas, la manera en la que los recruits de élite llegan a la universidad se ha convertido en uno de los secretos peor guardados de la competición. Conforme la máquina multimillonaria de la NCAA aumentaba sus beneficios, el mercantilismo entorno a ella también lo hacía. Y a pasos agigantados.

Poco a poco se comenzaron a destapar escándalos hasta formar parte del menú habitual de las pretemporadas colegiales. El nivel de sofisticación de las tramas aumento lo largo de los años, como también el precio de involucrarse con prospects de perfil alto. Convirtieron a adolescentes en estrellas del rock.

Entrada la presente década, lo raro era no haber sido sospechoso de algo, y sin embargo, la sensación que transmitía la NCAA era que se trataba de llaneros solitarios, meros obstáculos en la progresiva e implacable firma de contratos de siete cifras. Las investigaciones eran cada vez más minuciosas, las sanciones más duras, pero nada parecía dispuesto a cambiar. Todo lo contrario.

Existe la percepción de que el comité de infracciones de la NCAA no está lo suficientemente motivado para castigar con dureza este tipo de situaciones. La NCAA, después de todo, está siendo financiada por las escuelas que están investigando. No parece un buen negocio borrar del mapa a los entrenadores más prestigiosos o las marcas más lucrativas.

El 86 por ciento de los entrenadores de baloncesto universitario encuestados por la CBS el año pasado afirmó que el proceso reclutamiento del baloncesto universitario era tan corrupto como lo era hace cinco años, o incluso más. El comisionado Bob Bowlsby fue aún más contundente, declarando que “el sistema está roto” y que ahora “hacer trampas sale rentable”.

La realidad se enfrenta a un sistema que recompensa a los que engañan y castiga a quienes no lo hacen. O esa es la sensación reinante.

Por esa razón tal vez apareció el FBI. Operaciones encubiertas, teléfonos pinchados, testigos infiltrados y una montaña interminable de pruebas de las que el público, tal y como han reconocido, sólo conocemos una parte.

William Sweeney, director adjunto de la oficina del FBI en Nueva York, sentenció con un mensaje para posibles aludidos:

“Tenemos vuestro playbook”

 

Pagar o no, ¿esa es la cuestión?

Una futura estrella universitaria vale mucho más que lo que hace en la pista. Y por supuesto, más que una beca completa, una habitación compartida y un modesto estipendio para sus gastos. Los límites que pone la NCAA son un intento estéril de atenuar el capitalismo salvaje en el que se cobija.

Un prospect que se encuentra entre los diez mejores del país puede hacer ganar millones tanto a su entrenador como a su universidad. Su potencial mediático puede hacer que las compañías deportivas ganen mucho más. Y en la era del one and done, sus futuribles ganancias en la NBA le convierten en objeto de deseo de agentes y asesores financieros.

Este planteamiento inicia un círculo vicioso donde la codicia marca las pautas. El actual escándalo reciente lo confirma. Todos quieren su porción del pastel, pero cada vez sale más a repartir y aparecen más buitres al acecho.

Toda polémica universitaria parece encaminada a la misma dirección. Los últimos patrocinios han avivado el debate. ¿Se debe pagar a los atletas universitarios?

El discurso del sí ha alcanzado nuevos derroteros. La idea del salario se mitiga a favor de alternativas más sofisticadas. El sueldo como tal no casa con la esencia, pero más allá de romanticismos, tampoco con el concepto de beca universitaria.

Aunque se trata de deporte amateur, también cabe hablar de un contexto particular. A falta de matices, la NCAA no deja de ser un negocio billonario alimentado por deportistas cuya actividad no está remunerada. No han faltado los litigios al respecto, pero sí las herramientas y el interés para adecuarlo al gusto de todos.

Por ello salieron a la palestra los derechos de imagen, quizá el único nexo de unión factible para los estudiantes y parte de la opinión pública. En abril de 2010, la NCAA rubricó un contrato de 14 años y 10.800 millones de dólares con CBS y Turner Sports (propietaria de TBS y TNT) para retransmitir los partidos de la División I. Solo el March Madness de la temporada pasada generó 1.24 billones de dólares en ingresos publicitarios a través de estas dos cadenas, 200 millones más que todos los Playoffs del año 2016 para una organización que se autodefine sin ánimo de lucro.

Se podría pensar que detrás de estas cifras podría asomarse una solución al conflicto, un acuerdo para el reparto de ingresos por los derechos de imagen, un depósito al que los jugadores tendrían acceso tras acabar sus estudios, un plus a su beca universitaria al finalizar cada semestre o incluso aumentar el número de becas por cada disciplina deportiva para dar cabida a más estudiantes.

Tal y como recogía El Confidencial, en 2012 la CBS publicó los resultados de una encuesta anónima realizada a cien entrenadores universitarios. La pregunta del sondeo era clara: ¿Deben cobrar los jugadores universitarios? Ganó el sí con el respaldo de un 58%, sin embargo, sólo un 20% creía que lo apropiado sería estipular un salario al uso para los jugadores y apenas el 8% vio oportuno dotar a los miembros de los equipos de un porcentaje sobre los ingresos anuales de su universidad.

El debate seguirá vivo, y lo hará en una organización obligada a reinventarse. Porque esta vez, enfrente no está una comisión de investigación de la NCAA. Está el FBI, sus pruebas y años de prisión en juego. Está la dignidad de una competición que representa la cultura deportiva de un país.

Porque creemos saberlo todo, y esto acaba de empezar.

FUENTES: CBS, Yahoo! Sports, NBC, Indy Star, Washington Post, New York Times, ESPN, El Confidencial